La nota del alcalde de Tarrasa a un formulario obsoleto (1919)

publicado por Agustín Guillamón en la revista GERMINAL. « Revista de Estudios Libertarios », número 6 (2008).

LA NOTA DEL ALCALDE DE TARRASA A UN FORMULARIO OBSOLETO (1919)

1.- Uno de los momentos más bellos del trabajo de investigación histórica es aquel en el que encuentras, entre cientos de documentos insípidos o repetitivos de un legajo, una hoja, o a veces una sencilla nota, en la que alguien, sublevándose contra la estupidez de las preguntas fuera de lugar de un impreso que ha de rellenar, se decide a explicar en una breve acotación que aquel formulario está anticuado y no puede intentar abarcar la realidad existente porque ya no cabe, ni en el papel, ni en la mentalidad del burócrata que lo ha redactado cuidadosamente para “archivar” la realidad (social y laboral).

Eso me pasó la semana pasada, consultando un archivo de la Junta de Reformas Sociales de Tarrasa. Se trataba de una serie de estadísticas e informes, empresa por empresa, ciudad a ciudad, más o menos interesantes, sobre huelgas, en los que se detallaba el número y el sexo de los huelguistas, la duración de las huelgas, las bases de regulación del trabajo aprobadas, y las conquistas conseguidas por los obreros, entre las que constaba siempre como primer punto el reconocimiento del sindicato único, en segundo lugar la semana inglesa, en tercero el aumento de salarios y posteriormente una serie de reclamaciones propias de cada oficio o rama industrial. Y entonces apareció una breve nota, mecanografiada a dos caras, adjunta al formulario oficial, que el alcalde de la importante ciudad fabril de Tarrasa debía rellenar para enviar a la Junta de Reformas Sociales.

La nota, fechada en octubre de 1919, decía nada más y nada menos que “Desde que se constituyó en esta ciudad el Sindicato único […] han proclamado la norma de no querer nada con las Autoridades, sea cualquiera el carácter de éstas, y al acordar una huelga, la plantean y desarrollan sin dar conocimiento previo y sin admitir intervención ninguna que no sea la de parte directamente interesada, dándose también el caso de que si se trata de indagar cuál es la Junta o la Comisión dirigente del movimiento, contestan los interesados que entre ellos no hay Junta ni Comisión de ninguna especie, que todos obran con igual autoridad y representación, y que sus asuntos no más quieren tratarlos con aquellos que directamente han de resolverlos”.

El alcalde efectúa una magnífica definición de los métodos de lucha y de acción de la clase obrera, describe la huelga salvaje como excelente ejemplo de la táctica de acción directa, característica esencial del sindicalismo revolucionario en 1919. Los impresos del Instituto de Reformas Sociales eran ya incapaces de recoger, y reconocer, la aparición del sindicato único, que daba una fuerza enorme a la clase obrera, hasta entonces organizada en sociedades de resistencia. En 1919 la CNT ya no cabía en los formularios del Instituto de Reformas Sociales. La filosofía de mediación entre la Patronal y los obreros, propia del Instituto, había quedado obsoleta ante los métodos de acción directa, en los que el sindicato único trataba directamente con cada uno de los empresarios, que quedaban así en una situación de mayor debilidad.

La Patronal respondería, en los meses siguientes, a esos nuevos métodos de la lucha obrera con el terrorismo patronal, con los pistoleros contratados para asesinar a los sindicalistas del único, con la modernización y militarización del somatén, con la complicidad de la policía y del ejército, para poner en práctica el terrorismo de Estado contra la clase obrera, con hallazgos como la llamada “ley de fugas”, de aplicación cotidiana a la salida de la cárcel, o en las cuerdas de presos, cuando los obreros detenidos eran trasladados a pie de una a otra prisión.

Pero esto está más allá de la nota de octubre de 1919, aunque ese terrorismo estatal ya había empezado a manifestarse. La importancia de la nota radica en el grito de impotencia del alcalde contra los nuevos métodos de lucha obrera. Los obreros que se presentan a negociar son comisiones provisionales, nombradas para cada ocasión, en las que pueden y suelen intervenir obreros de otro ramo de producción, que además no se presentarían en la próxima reunión, y que no responden a más criterio que la defensa de los acuerdos tomados en asamblea. Esta organización de delegados, de carácter provisional, revocable, sin más capacidad de decisión que el otorgado por la asamblea, desorienta y enfurece a empresarios y autoridades. Recordemos que estamos en octubre de 1919[1].

La Junta de Reformas Sociales se lamentaba de la inoperancia de su propio papel, ya que “es valiéndose de informaciones indirectas y tratando de las cuestiones mejor con carácter particular que con carácter oficial” como podían enterarse de lo que estaba sucediendo, porque los trabajadores no reconocían a las autoridades establecidas ningún poder de mediación. El sindicato único negociaba directamente con cada empresario.

Las huelgas en curso, en octubre de 1919, “las parciales de cerrajeros, mecánicos, albañiles, carpinteros y del ramo del agua, y las totales de panaderos y hojalateros y lampistas” ya no se planteaban entre la Patronal del sector y un comité de huelga, con la mediación del Instituto, sino que los obreros manifestaban “no querer nada con la Autoridad”. Por otra parte el Instituto confesaba su total naufragio, y afirmaba: “no conseguir nunca saber si aquellos que acudían a sus citas, ya llamados al azar, tenían la representación necesaria para tratar del asunto. Lo más frecuente es que al citar a la comisión de huelga de los carpinteros, por ejemplo, se presente un carpintero y cuatro o más de distintos oficios: carreros, albañiles, zapateros, etcétera”.

La organización de los obreros en el sindicato único, y los métodos de acción directa habían hecho saltar ese organismo de mediación que era el Instituto de Reformas Sociales, que había sido creado en 1883 como un primer intento de institucionalizar en España la llamada “cuestión social”.

La patronal recurriría pronto a otro tipo de mediación, y a practicar también “su propia acción directa”: la ley de fugas[2] y el lock-out[3], con la complicidad de la policía y el ejército, el somatén y los pistoleros a sueldo. Fue el inicio de los llamados “años del pistolerismo”, esto es, la guerra de clases de 1919-1923, que terminó brutalmente con la dictadura del general Primo de Rivera. El objetivo no era otro que destruir el sindicato único y la imposición individual a cada trabajador de las condiciones de trabajo elaboradas por la empresa.

2.- La creación en diciembre de 1883 de la Comisión de Reformas Sociales fue el primer intento de institucionalizar, en España, la llamada cuestión social, o cuestión obrera. Sus orígenes debemos buscarlos en la nueva sociedad industrial, que transformaba el espacio productivo, con la aparición de la fábrica; el social, con el proletariado como nueva clase emergente; y el urbano, con el surgimiento de la ciudad industrial. Estos cambios provocaron intensas polémicas ideológicas y actuaciones normativas de las clases dirigentes españolas, que vieron la reforma social como un dispositivo estratégico más de anulación, o combate, de las teorías revolucionarias obreras.

La Comisión sufrió el boicot de una facción importante del movimiento obrero, el anarquista. Por otra parte, nunca fue dotada de suficientes fondos económicos, ni se pudo publicar la totalidad de los informes provinciales, notándose a faltar especialmente los de Cataluña y Andalucía. Tampoco pudo no ya evitar, sino ni siquiera comprender, los graves conflictos sociales de la España del primer tercio del siglo XX. Sin embargo, marcó un punto de inflexión “pragmático” en la actuación del Estado en las cuestiones sociales, y al mismo tiempo fue un precedente del intervencionismo estatal en el trabajo, pues si la Comisión de Reformas Sociales podía considerarse como un ensayo, con el paso del siglo, en abril de 1903, la creación del Instituto de Reformas Sociales supuso la institucionalización definitiva de la reforma social en España. Además, era el primer eslabón de una cadena, que más tarde continuaría con la fundación del Instituto Nacional de Previsión (1908) y con la creación del Ministerio de Trabajo (1920).

En definitiva, después de un siglo de acentuada y progresiva actuación del Estado en cuestiones de previsión y de intervencionismo laboral, la acción social se había convertido en una de las preocupaciones prioritarias de los gobiernos, ya fuesen dictatoriales o democráticos. En 1983 se destinó en España el diecinueve por ciento del producto interior bruto para la Seguridad Social; en 1883, el año de la fundación de la Comisión, para este concepto se destinó el cero por ciento[4].

En este contexto intervencionista es en el que hay que entender el planteamiento de la cuestión urbana a partir de los informes de la Comisión de Reformas Sociales. Éstos reproducen las polémicas y debates que la nueva ciudad industrial está generando ya, desde los inicios del siglo, entre los miembros de una burguesía altruista y reformista, formada por médicos, higienistas, ingenieros o funcionarios. La Comisión continuó estos debates y, esto es original, se produjo la incorporación del proletariado a estas tareas.

Los debates que generó la Comisión, a partir de la información referida a la condición económica de la clase obrera, de su alimentación, de la vivienda y cultura moral de los obreros, sirvieron a la burguesía para diseñar nuevos marcos de relaciones sociales y espaciales. Las polémicas sobre la higiene y salubridad de la ciudad industrial fueron utilizadas para imponer la separación de clases, es decir, la segregación espacial. Asimismo, los debates sobre la cultura moral y religiosa intentaron integrar en el cuerpo social a amplias masas obreras, desarraigadas por la industrialización y cada vez más autónomas ideológicamente.

Por otra parte, la clase obrera que participaba en la Comisión de Reformas, representada por los socialistas, puso en cuestión los supuestos filantrópicos de las clases gobernantes y se marcó como objetivo la superación gradual del sistema capitalista. Y ese gradualismo señaló la diferencia irreconciliable entre UGT y CNT.

3.- La huelga general de 1902 en Barcelona fue la última manifestación del viejo movimiento obrero, constituido por asociaciones obreras de carácter gremial, enfrentadas al paternalismo patronal.

En 1906 apareció “Solidaridad Obrera”, nombre que se establecía en oposición al surgimiento de la burguesa y catalanista “Solidaridad Catalana”. La huelga general contra el reclutamiento de tropas para la guerra de Marruecos, conocida como Semana Trágica de 1909, impuso la necesidad de crear una organización obrera, no limitada a Cataluña y de extensión nacional, ya que el principal motivo del fracaso de esa Semana Trágica, fue la imposibilidad de extender la insurrección, que fue sólo de carácter local.

En 1910 se fundó la Confederación Nacional del trabajo (CNT). La ilegalización inmediata de la CNT, el estallido de la Primera Guerra Mundial, la enorme importancia que adquirió el fenómeno migratorio desde las zonas rurales de toda España hacia Barcelona y Madrid, y la carestía de la vida, provocada por la extraordinaria demanda bélica de los europeos, impulsaron una refundación de la CNT en 1915, bajo los criterios del sindicalismo revolucionario aprobados en el Congreso de Amiens (1906).

Estos principios del sindicalismo revolucionario pueden resumirse en la capacidad de la clase obrera para enfrentarse autónomamente al capitalismo, desarrollando la lucha de clases, mediante una táctica que se oponía a la apropiación política o parlamentaria por cualquier partido obrero o burgués, de la lucha obrera.

Las dos conquistas fundamentales de la CNT, en vísperas del congreso de diciembre de 1919, que dio preponderancia al anarcosindicalismo sobre el sindicalismo revolucionario en la CNT, fueron el sindicato único de industria y la acción directa. Son precisamente las dos conquistas que deslumbran en el texto, que hemos expuesto, y que tanto sorprende e indigna al alcalde de Tarrasa.

4.- La manifiesta incapacidad del régimen liberal de la Restauración para enfrentarse a la nueva problemática, planteada por el sindicato único y la acción directa de la CNT en Cataluña, dieron paso a la organización de una respuesta adecuada de la burguesía, que fue liderada por la Federación Patronal catalana.

En enero de 1919 se reorganizó y modernizó el somatén, formado por ocho mil voluntarios armados bajo tutela militar, esto es, a las órdenes del capitán general Milans del Bosch, financiado por la Federación Patronal y con la intervención directa de destacados industriales catalanes. Para el control, y eliminación en su caso, de destacados militantes cenetistas se creó el fichero Lasarte, en la primavera de 1919, que dependía directamente de Martínez Anido y Arlegui, durante su gestión gubernativa. La alianza de clase, en defensa de los intereses de los empresarios industriales, no encontró ningún obstáculo, ni contradicción, entre el catalanismo de los empresarios catalanes y el rígido centralismo españolista del capitán general Milans del Bosch, porque nada une más a las distintas facciones capitalistas que la prioritaria defensa del orden burgués ante la “barbarie proletaria”. Tampoco existía antagonismo alguno entre obreros inmigrantes y nativos, unidos por los mismos intereses de clase e idéntica explotación y formas de vida.

El 5 de febrero de 1919 se inició una huelga de solidaridad con ocho despedidos en la compañía eléctrica conocida como “La Canadiense”, porque el principal accionista era el Canadian Bank of Comerce de Toronto. El conflicto de esta empresa, apoyado por la CNT, fue extendiéndose a otras empresas y sectores industriales hasta convertirse en una huelga general que afectaba a toda la ciudad de Barcelona. El 21 de febrero los obreros de los sindicatos de electricidad, agua y gas declararon la huelga en todas las empresas participadas por La Canadiense, lo que afectaba también a los Ferrocarriles de Sarriá. Barcelona sufrió un apagón total, los diarios no se publicaban, los tranvías dejaron de circular y muchas fábricas de Barcelona y cercanías quedaron paralizadas. El 5 de marzo el general Milans del Bosch militarizó a todos los trabajadores del ramo de la electricidad, aunque su bando, a causa de la censura obrera, sólo fue publicado en el Diario de Barcelona. Los cenetistas militarizados se negaron a incorporarse a filas, por lo que fueron encarcelados en el Castillo de Montjuic. Se llegó a encarcelar a unos tres mil obreros.

El 17 de marzo Lawton, por La Canadiense, negoció con el comité de huelga en la sede del Instituto de Reformas Sociales, aceptando las condiciones de los huelguistas sin represalias. El 19 de marzo la CNT convocó una asamblea en la plaza de toros de Las Arenas a la que asistieron veinte mil trabajadores, que aprobó los acuerdos alcanzados, dando un plazo de setenta y dos horas para liberar a todos los obreros encarcelados. Salvador Seguí cerró el mitin en un clima de victoria. La huelga había terminado consiguiendo el cobro de la mitad de los días de huelga y la implantación de la jornada laboral de ocho horas.

5.- Sin embargo aún quedaban cinco obreros presos. Para obtener su libertad se inició el 23 de marzo una nueva huelga, a la que el ejército respondió ocupando la ciudad de Barcelona. Los obreros eran cacheados en la calle, y los soldados destruían los carnés de la CNT. El 27 de marzo los obreros estaban dispuestos a dar por terminada la fracasada huelga, cuando el gobernador civil se negó a mediar en el conflicto. El capitán general Milans del Bosch, apoyado por la oligarquía catalana, se negó a liberar a los treinta y cuatro obreros presos, que estaban bajo su jurisdicción. Las garantías constitucionales quedaron en suspenso, persiguiéndose a los militantes de la CNT. El 31 de marzo la Guardia Civil asesinaba a la puerta de su casa a Miguel Burgos, secretario del sindicato de curtidores de la CNT.

En la última semana del mes de marzo, se fundó la Federación Patronal Española, cuyo primer acuerdo consistió en que para llevar a cabo la readmisión de un trabajador, éste debía entregar el carné de la CNT y negociar un nuevo salario individualmente. Esta medida era inaceptable para los obreros, de tal manera que la huelga continuó, aunque el Comité de huelga había acordado que los distintos ramos negociasen la vuelta al trabajo. Finalmente la huelga concluyó el 12 de abril, con un fracaso obrero, ya que la huelga no se había extendido más allá de la ciudad de Barcelona. Desde abril hasta julio de 1919 se despidito a setenta mil obreros y se detuvo a cuarenta y tres mil, de los que quince mil aún estaban presos a primeros de agosto.

El 1 de diciembre la patronal catalana inició un cierre de la industria que afectó a más de ciento cincuenta mil obreros, a los que se exigía la entrega de los carnés de la CNT. El conde de Salvatierra terminó con el lock-out el 26 de enero de 1920, a petición de la patronal, sin que ningún trabajador entregase su carné.

6.- Con el reflujo del movimiento huelguístico de La Canadiense, la burguesía española, con su fracción catalana al frente, desarrolló un ataque despiadado contra los militantes de la CNT. Se organizaron bandas de pistoleros, pagadas por la patronal y coordinadas por el Capitán General y el Gobernador militar de la región, que perseguían a los sindicalistas y los asesinaban en el más puro estilo mafioso. Se llegó a alcanzar la cifra de 30 muertos diarios. Paralelamente, las detenciones se multiplicaban, al tiempo que tanto policía como Guardia Civil restablecieron la bárbara práctica de la “cuerda de presos”: los sindicalistas detenidos eran conducidos a pie a centros de detención ubicados en ocasiones a cientos de kilómetros. Muchos morían en el camino, víctimas del agotamiento y las palizas inflingidas, o simplemente se les aplicaba la “ley de fugas”.

Los organizadores de esa guerra de exterminio del sindicalista fueron los propios burgueses catalanes, “modernos” y “democráticos”, que siempre habían reprochado a la aristocracia castellana su brutalidad. Pero la burguesía catalana había sufrido en carne propia la amenaza revolucionaria del proletariado y ansiaba la venganza. Cambó impulsó la plaga de los pistoleros. El gobernador militar, Martínez Anido, vinculado a la rancia aristocracia castellana, y los “progresistas” burgueses catalanes se reconciliaban definitivamente en la persecución de los militantes proletarios. El pacto era fruto de la nueva situación: ya no existían fracciones liberales o reaccionarias dentro de la clase burguesa, todas coincidían en la defensa brutal de un orden social caduco.

Atrapada en una espiral terrible, en medio de una fuerte desmovilización de las masas obreras, la CNT respondió a los pistoleros con la organización de cuerpos de autodefensa, que devolvían golpe por golpe, y que lograron abatir a políticos, cardenales y patronos destacados. Sin embargo, esta dinámica degeneró rápidamente en una cadena de muertos sin fin, que aceleraron el cansancio y la desmoralización de los trabajadores. Por otro lado, colocada en un terreno donde era inevitablemente la más débil, la CNT sufrió una hemorragia interminable de militantes, asesinados, encarcelados, heridos, huidos… Pero eran muchos más los que se retiraban, completamente desmoralizados y perplejos. En la última época, además, los grupos de defensa cenetistas se vieron infiltrados, muy a su pesar, por toda clase de elementos turbios, ya fueran de la policía o mafiosos, sin más objetivo que el robo y el asesinato, que no hacían sino desprestigiar a la CNT y aislarla políticamente. El 10 de marzo de 1923 fueron tiroteados, a la salida del bar La Trona, en la esquina de la calle Cadenas con San Rafael, los destacados cenetistas Salvador Seguí (“El Noi del Sucre”), que murió al instante, y Francisco Comes (« Perones »), que moriría pocos días después. Las matanzas duraron hasta septiembre de 1923, cuando se instauró la Dictadura del general Primo de Rivera, mediante un golpe de Estado consentido y apoyado por el Rey. La Dictadura contó con el apoyo del PSOE-UGT. La CNT había sido aniquilada de nuevo por una represión salvaje e ignominiosa. La CNT que resurgió de sus cenizas en los años treinta era otra CNT, totalmente distinta: se había pasado del sindicalismo revolucionario, dominante en los años anteriores a 1919, al anarcosindicalismo[5].

7.- En la misma época en Italia triunfaba el fascismo, tras aplastar al movimiento obrero después de varios años de feroz guerra de clases. Las dictaduras de Mussolini y Primo de Rivera se fundamentaban en su victoria sobre las intentonas revolucionarias del proletariado. Las notables diferencias entre España e Italia radicaban en el carácter reaccionario de la burguesía española y un escaso desarrollo industrial, que contrastaban con el carácter contrarrevolucionario de la burguesía italiana y el mayor grado de industrialización italiano.

El 24 de octubre de 1922, en Nápoles, en el congreso del Partido Nacional Fascista, Mussolini anunció oficialmente la Marcha sobre Roma: “O nos entregan el gobierno o lo tomaremos cayendo sobre Roma”. La marcha se desarrolló entre el 27 y el 28 de octubre. El Rey pidió a Mussolini que formara gobierno, que ya estaba constituido el día 30. El Fascismo había tomado el poder.

El 13 de septiembre de 1923 el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se sublevó contra el Gobierno y dio un golpe de Estado con el apoyo de la mayoría de las unidades militares. El golpe se anticipaba a la reunión de las Cortes que debía analizar el problema de Marruecos y las responsabilidades del ejército, y del rey, en los últimos desastres militares. Con el apoyo del ejército, de la burguesía catalana y de los terratenientes andaluces, Alfonso XIII aceptó nombrar presidente del gobierno a Primo de Rivera, en su calidad de dictador militar, el 15 de septiembre de 1923. La dictadura sólo fue rechazada por los sindicatos obreros y los republicanos, cuyas protestas fueron inmediatamente acalladas con la censura y la represión. Se creó un Directorio Militar con nueve generales y un almirante, se suspendió la constitución, se disolvieron los ayuntamientos, se prohibieron los partidos políticos, los somatenes se transformaron en milicias urbanas y se declaró el estado de guerra.

Mussolini, en el discurso del 3 de enero de 1925, asumió toda la responsabilidad política que pudiera derivarse del asesinato del diputado socialista Giacomo Matteotti, secuestrado el 10 de junio de 1924 por una escuadra fascista, que lo asesinó al día siguiente. Ese discurso señaló el inicio del régimen dictatorial fascista, que impuso progresivamente un régimen totalitario.

8.- La Guerra Civil se saldó con un millón de muertos y trescientos mil exiliados. Las organizaciones obreras habían sido destruidas y perseguidas hasta su aniquilación. El nivel de vida del obrero era inferior al de los años treinta. Hambre, miseria y miedo eran amos y señores de la ciudad de Barcelona, y de toda España. El terror fascista formaba parte de la vida cotidiana, más seguro que “el pan nuestro de cada día”.

En el Campo de la Bota se fusiló masivamente desde 1939 hasta 1952, cuando se dejó de hacerlo a petición de la Iglesia Católica, con motivo de la celebración del Congreso Eucarístico en la ciudad de Barcelona.

El 12 de febrero de 1948, tres accionistas presentaron un expediente de quiebra de Barcelona Traction (“La Canadiense”), que prosperó hasta conseguir en 1952 que los

bienes de la empresa fueran subastados y adquiridos por “Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA” (FECSA), gestionada por el financiero mallorquín Juan March Ordinas, fundada poco antes de la subasta. La Canadiense fue comprada por un precio equivalente al uno por mil del valor real de la compañía.

La demanda presentada por el gobierno belga contra esta adquisición fue rechazada por el Tribunal de La Haya, que dictaminó la incapacidad de ese gobierno para plantear la defensa de los accionistas belgas, ya que la sede de la compañía estaba en Canadá y correspondía a ese gobierno presentar la demanda.

Joan March Ordinas falleció en 1962. El 5 de febrero de 1970 la resolución judicial era firme, finalizando el proceso judicial. En una época en que la dictadura franquista parecía eterna, algunos opositores al régimen consideraron, quizás maliciosamente, que la subasta de 1952, a favor de FECSA, controlada por Juan March, que había financiado el golpe militar del 18 de julio de 1936, podía considerarse como un botín de la Guerra Civil.

Ahora sabemos que no es suficiente el sindicato único y la acción directa. No basta con la huelga general, si se reduce sólo a la ciudad de Barcelona, o sólo a Cataluña, o sólo a España. No basta una victoria parcial, o una mejora laboral. No basta con conseguir la jornada de ocho horas. No basta con el reconocimiento del sindicato único. La acción directa de los obreros no es suficiente. Ahora sabemos que en la guerra de clases sólo nos vale la victoria total. No en vano han pasado ya casi noventa años.

9.- Pero en octubre de 1919 el alcalde Tarrasa redactó esta nota, adjunta a un formulario ya obsoleto:

“Ilmo. Sr. Presidente del Instituto de Reformas Sociales. Madrid.

Ilmo. Sr.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la R. O. de 2 de julio de 1909, tengo el honor de remitir a V.I. la adjunta hoja estadística de la huelga de tipógrafos habida en esta ciudad y solucionada recientemente.

Extrañará V.I. seguramente, la escasez de datos que en ella se dan, y el que esta Junta local de reformas Sociales ignore muchos de ellos, de carácter esencialísimo. La razón es clara. Desde que se constituyó en esta ciudad el llamado Sindicato único, los afiliados a él, y son todos los obreros constituidos en sociedades de los distintos ramos de la producción, unos por voluntad y otros coaccionados, han proclamado la norma de no querer nada con las Autoridades, sea cualquiera el carácter de éstas; y al acordar una huelga, la plantean y desarrollan sin dar conocimiento previo y sin admitir intervención alguna que no sea la de parte directamente interesada; dándose también el caso de que si se trata de indagar cuál es la Junta o Comisión dirigente del movimiento, contestan los interesados que entre ellos no hay Junta ni Comisión de ninguna especie, que todos obran con igual autoridad y representación , y que sus asuntos no más quieren tratarlos con aquellos que directamente han de resolverlos.

Dado este estado de cosas, a esta Junta le es sumamente difícil desempeñar su cometido, y si cumple con lo preceptuado es valiéndose de informaciones indirectas y tratando de las cuestiones mejor con carácter particular que con carácter oficial. Esto habrá podido apreciarlo ese Instituto de la digna Presidencia de V.I. por las muchas hojas de estadística que tiene recibidas de esta Junta, sin rellenar de ellas el requisito de la conformidad del patrono en cuyo establecimiento se produjo la huelga, ni la del Presidente de la Sociedad obrera causante de aquélla: ambas firmas son punto menos que imposible poderlas obtener.

Las huelgas todavía pendientes de solución, que son las parciales de cerrajeros, mecánicos, albañiles, carpinteros y del ramo del agua, y las totales de panaderos y hojalateros y lampistas, han sido objeto reiteradas veces de propósitos de intervención por parte de esta Junta, y siempre ha tropezado con los obstáculos antedichos: no querer nada con la Autoridad, por una parte, y no conseguir nunca saber si aquellos que acudían a sus citas, ya llamados al azar, tenían la representación necesaria para tratar del asunto. Lo más frecuente es que al citar a la comisión de huelga de los carpinteros, por ejemplo, se presente un carpintero y cuatro o más de distintos oficios: carreros, albañiles, zapateros, etcétera.

Tal es la situación de esta ciudad, por lo que hace referencia con las cuestiones sociales y el ascendiente que la Autoridad tiene en ellos.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Tarrasa, 21 de Octubre de 1919. El Alcalde, Prte. [Sello redondo en el que se lee: Junta Local de reformas Sociales – Tarrasa]”.

10. – Uno de los momentos más bellos del trabajo de investigación histórica es aquel en el que encuentras, entre cientos de documentos insípidos o repetitivos de un legajo, una hoja, o a veces una sencilla nota, en la que alguien, sublevándose contra la estupidez de las preguntas fuera de lugar de un impreso que ha de rellenar, se decide a explicar en una breve acotación que aquel formulario está anticuado y no puede intentar abarcar la realidad existente porque ya no cabe, ni en el papel, ni en la mentalidad del burócrata que lo ha redactado cuidadosamente para “archivar” la realidad (social y laboral). Eso me pasó la semana pasada, consultando un archivo de la Junta de Reformas Sociales de Tarrasa.

Agustín Guillamón. Barcelona, 18 de junio 2008.

Publicado en Germinal. Revista de Estudios Libertarios, número 6 (2008).

[1] Lo mismo sucedería, sólo por citar otros casos entre miles, en la huelga de la minería asturiana en la primavera de 1962; o en la empresa Roca, de Gavá, en 1976.

[2] Liberación del preso para asesinarlo a disparos y justificarlo como intento de fuga.

[3] Cierre empresarial que deja sin trabajo, ni salario, a los trabajadores.

[4] BUJ, Antonio: “La cuestión urbana en los informes de la Comisión de reformas sociales; en Horacio Capel, José Mª López Piñero y José Pardo (coords.): Ciencia e ideología en la Ciudad (II). I Coloquio Interdepartamental. Valencia, 1991, Generalitat Valenciana/Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports. Valencia, 1994, pp. 73-86.

[5] Véase BAR, Antonio: La CNT en los años rojos. Akal, Madrid, 1981.


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